Derecho a la ciudad
Conexión entre los derechos del hábitat y el derecho a la ciudad
Contexto
El Derecho al Hábitat y el Derecho a la Ciudad no sólo se refieren a un aspecto único, sino que engloban una gran variedad de retos diferentes relacionados con las condiciones de vida de la población. En este sentido, debemos considerar aquellos derechos relacionados con el agua potable y el saneamiento; con las condiciones de los migrantes; con la protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género; y con el derecho a una vivienda digna.
En cuanto al acceso al agua y al saneamiento, éste constituye una cuestión transversal, especialmente para los grupos en mayor riesgo de vulnerabilidad y marginación, como los pueblos indígenas, los habitantes de asentamientos informales, los migrantes y los refugiados. Según la última información publicada sobre el acceso al agua potable por la Organización Mundial de la Salud, en 2017, más de 785 millones de personas no tenían acceso a los servicios básicos de agua y más de 884 millones no tenían agua potable para beber.
En cuanto a las condiciones de las personas migrantes, algunas de ellas sufren la falta de acceso a servicios públicos como la salud, la educación, la justicia y la vivienda. Asimismo, algunas de estas personas sufren discriminación por motivos relacionados con la etnia, la religión o la orientación sexual, entre otros. En cuanto a la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, el COVID-19 ha agravado la fragilidad en la protección de los derechos de las personas LGBTQIA+, que pueden sufrir exclusión y abuso en los espacios públicos.
Para superar estos retos, la tolerancia y el pluralismo, así como el acceso a la vivienda y a los servicios sociales son elementos que deben garantizarse en las ciudades.
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Desafíos
Para responder a los problemas actuales, hay que tener en cuenta que es clave adoptar un enfoque interseccional que involucre todos los aspectos relacionados con el derecho a la ciudad y que lo haga desde el feminismo.
- El trabajo continuo y la coordinación entre la sociedad civil, los gobiernos locales y regionales y otras partes interesadas (como universidades, el mundo de la investigación , etc.) es fundamental para garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento.
- En cuanto al derecho de las personas migrantes, es clave establecer una conexión entre los servicios públicos y las agencias migratorias y asegurar una representación permanente para el seguimiento del Pacto Mundial sobre Migración. Para que las personas migrantes no rechacen buscar ayuda por miedo a ser detenidas o deportadas, también es necesario regularizar sus condiciones.
- En cuanto al derecho a la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, deben condenarse aquellas leyes que puedan ser utilizadas para criminalizar a las personas LGBTQIA+, con el fin de garantizar que los espacios públicos son seguros para elles.
- En cuanto al derecho a una vivienda digna, debe abordarse la interrelación entre el desplazamiento y el cambio climático. Además, para garantizar la seguridad de la tenencia, se debe promover la gobernanza de la tierra y medidas económicas alternativas basadas en enfoques de la economía social y solidaria.
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Respuestas
- Todas las respuestas que se han propuesto implican un enfoque cooperativo.
- Se propone la colaboración entre las autoridades locales, la sociedad civil y los Relatores Especiales de la ONU para establecer recomendaciones en las principales áreas.
- Se ha establecido una alianza conjunta entre organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y redes académicas para promover la cooperación.
- Algunas de las decisiones tomadas por los gobiernos locales y regionales que han tenido un impacto directo en los Derechos del Hábitat han sido las experiencias desarrolladas por gobiernos locales en el marco de la CISDPDH. Estas experiencias incluyen la remunicipalización del agua, el desarrollo de nuevos modelos de ciudadanía local para las personas migrantes, así como la toma de medidas para abordar la segregación espacial.
- Algunas respuestas que se han propuesto incluyen la posibilidad de reactivar un grupo asesor de ONU-Hábitat centrado en los desalojos forzosos y de trabajar conjuntamente con los titulares de mandatos en directrices sobre temas concretos, como el Derecho a la Ciudad.
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Hacia el Pacto
- El acceso al agua potable y a la higiene va de la mano del acceso a los servicios públicos como la salud, la educación, la justicia y la vivienda.
- La decriminilazación de las poblaciones LGBTIQ+ y la promoción de la tolerancia deben ser una prioridad de la formulación de políticas urbanas.
- Con la voluntad política y las lecciones aprendidas con la pandemia del COVID-19, las acciones del gobierno a todos los niveles juegan un papel clave para conseguir marcar una diferencia tangible a través de acciones innovadoras.
- Existe la necesidad de reforzar el diálogo entre Relatorías especiales, los gobiernos locales y regionales y la sociedad civil.
- Es necesario garantizar que las personas migrantes no eviten buscar apoyo por miedo a ser detenidas o deportadas. Para ello, debe garantizarse una fuerte conexión entre los servicios públicos y la aplicación de las agencias migratorias.
- Aunque se haya puesto en práctica la colaboración, no es suficiente: hay que avanzar hacia formas más permanentes de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, las Relatorías Especiales de la ONU y los gobiernos locales y regionales.
For further information on the topic of Public Service Delivery and its impact on cities and regions, please refer to the related resources included below.
- UCLG’s Live Learning Experience page
- Metropolis’ Cities for Global Health initiative
Ponentes
